La historia reciente de los autos “chocolate” en México no puede explicarse como un fenómeno espontáneo, ni como una simple falla estructural del sistema aduanero. Su entrada masiva, regularización y posterior cierre forman parte de una decisión política de Estado, iniciada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y concluida, ya en otro contexto, por la actual administración.
Antes de 2018, los vehículos usados de procedencia extranjera existían en un limbo legal: entraban de manera irregular, eran tolerados en ciertas regiones, pero carecían de respaldo institucional. El cambio llegó cuando el gobierno de López Obrador decidió dejar de combatir el fenómeno desde la ilegalidad y convertirlo en política pública.
En octubre de 2021 y enero de 2022, su administración publicó los acuerdos y decretos que permitieron la regularización extraordinaria de estos vehículos, bajo una narrativa clara: ayudar a las familias de menores ingresos, otorgar certeza jurídica, combatir la delincuencia y ordenar el parque vehicular. El mensaje fue directo y reiterado desde la tribuna presidencial: el Estado reconocía una realidad social y optaba por incorporarla al marco legal.
El impacto fue inmediato y profundo. De acuerdo con cifras oficiales, casi tres millones de vehículos fueron regularizados en apenas cuatro años. Para millones de familias, el programa representó acceso a movilidad formal y patrimonio legalizado. Desde una óptica social, el objetivo se cumplió.
Sin embargo, el costo fue igualmente evidente. La industria automotriz formal —armadoras, distribuidores y mercado de seminuevos— enfrentó una distorsión sin precedentes. La entrada constante de vehículos usados importados presionó precios, afectó la reventa, desincentivó la compra de unidades nuevas y debilitó la cadena de valor legal. Además, el programa envió una señal ambigua: introducir autos de manera irregular podía eventualmente ser premiado con regularización.
Ese es el punto clave del análisis: la política de los autos “chocolate” no fue neutra ni meramente administrativa. Fue una decisión con beneficios sociales claros, pero también con externalidades económicas e industriales profundas.
El cierre definitivo del programa, formalizado el 31 de diciembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirma esa lectura. El propio decreto reconoce que la finalidad ya fue atendida y que continuar otorgando estos beneficios podría derivar en malas prácticas y alejarse del propósito original. No hay ruptura política: hay cierre de ciclo.
En términos prácticos, el mensaje hacia 2026 es contundente. Los autos ya regularizados mantienen su estatus legal, pero no habrá nuevas puertas extraordinarias. A partir de ahora, la importación de vehículos usados deberá sujetarse estrictamente a la Ley Aduanera, impuestos completos y normas ambientales. El mercado vuelve —al menos en el papel— a la normalidad.
La lección es clara. Los autos “chocolate” no entraron solos ni por descuido. Entraron cuando el poder político decidió que la legalidad podía esperar en nombre de una solución social inmediata. Y se cierran ahora porque sus costos estructurales superan los beneficios coyunturales.
En la historia del mercado automotriz mexicano, este episodio quedará como uno de los ejemplos más claros de cómo una decisión presidencial puede reconfigurar un sector entero… y de cómo, tarde o temprano, la factura económica llega.
