En el México de hoy, el tablero automotriz se mueve al compás de la política y del comercio internacional. Desde los pasillos de Palacio Nacional hasta los talleres de las agencias, se escucha un mismo rumor: a partir de 2026, los autos de origen chino podrían enfrentar un arancel adicional del 15 al 20 por ciento, encima del 20 por ciento.
La noticia no nace del aire. Bloomberg, Reuters, El Financiero y El Economista lo han señalado: es un tema que forma parte del Paquete Económico 2026, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿El argumento? Proteger la industria nacional, alinearse con la presión estadounidense en el marco del T-MEC y, de paso, obtener un respiro fiscal.
Pero detrás de los porcentajes, se dibuja la pregunta de fondo: ¿Qué pasará con las marcas chinas que en pocos años conquistaron al consumidor mexicano con precios bajos y autos llenos de tecnología?
Si el impuesto se aplica, los precios subirán. Quizá algunos fabricantes absorberán parte del golpe, quizá otros no podrán hacerlo y el consumidor lo sentirá en su bolsillo. El mercado de seminuevos cobrará fuerza. Y las marcas que ya producen en México verán en esta medida una oportunidad para recuperar terreno.
Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario: que este arancel sea el empujón definitivo para que los gigantes chinos decidan instalar plantas de ensamble en México, generando empleo, producción y competitividad.
Así, entre la protección del mercado y la necesidad de abrir la puerta a nuevas inversiones, el país se encuentra ante una encrucijada.
Si el impuesto llega, el futuro de la industria no se definirá en los salones de las agencias, sino en las decisiones del Congreso y en la estrategia de las armadoras.
Porque al final, como siempre en la historia económica de México, la factura la pagará el consumidor.
